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Alrededor de 4,2 millones de mayores de 50 años viven con VIH

a prevalencia mundial en este grupo de población se ha doblado en los últimos veinte años

Jesús Damieta – 17/10/2014

Nuevos y convincentes datos publicados en la edición digital de la revista AIDS revelan el aumento de la edad de las personas afectadas por la epidemia de VIH. Partiendo de las tasas de  prevalencia del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA) se ha estimado que el número de personas mayores de 50 años con VIH habría alcanzado los 4,2 millones, más del doble que en 1995. El dato resulta consistente con los aportados a través de otras fuentes. En concreto, la información disponible por medio de encuestas nacionales por hogares confirma el aumento de las infecciones por VIH en este grupo de edad.

Existen varias posibles explicaciones para este fenómeno, pero parecen ser especialmente relevantes la eficacia de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), establecida a mediados de los noventa y que ha producido una mejora espectacular en la esperanza de vida de las personas con VIH, y el aumento del número de nuevas infecciones por el virus entre la gente de más edad.

Para poder hacer una planificación coherente de los servicios médicos necesarios para atender esta situación, es necesario conocer de forma precisa la extensión de la epidemia entre las personas mayores, sobre todo por la relación que parece existir entre la infección por VIH y el desarrollo de enfermedades asociadas al envejecimiento (véase La Noticia del Día 29/09/2014)

Los investigadores de ONUSIDA realizaron una estimación del número total de personas mayores con VIH a partir de sus propios datos. Asimismo, compararon estas cifras con las obtenidas a partir de distintas encuestas nacionales por hogares, de cara a comprobar la fiabilidad de la estimación.

Como resultado se obtuvo para 2013 un total estimado de mayores de 50 años con VIH de alrededor de 4,2 millones. De este total, la mayor parte se concentró en el África subsahariana, donde el número de personas con más de 50 años con VIH se estimó en 2,5 millones.

Entre 1995 y 2013 se habría producido un incremento constante del número de mayores de 50 años con VIH , de tal modo que la prevalencia final sería más del doble que la inicial. El crecimiento se constató en todos los grupos de edad, aunque en distinto grado: la prevalencia se dobló en el grupo de 50 a 54 años, aumentó en un tercio en el grupo de 55 a 59 años y aumentó en un cuarto en el grupo de 60 a 64 años.

Las encuestas nacionales coincidieron, en líneas generales, con las estimaciones de ONUSIDA. En el grupo de hombres de 50 a 54 años la prevalencia estimada fue un 10% menor que la revelada en las encuestas, y en el grupo de edad de 55 a 59 años la prevalencia fue un 27% menor. No obstante, un examen posterior reveló que estas comparaciones no eran lo suficientemente significativas debido a un insuficiente tamaño muestral. En el caso de las mujeres, los resultados de las encuestas nacionales se hallaron dentro del rango situado entre el 2 y el 10% de las estimaciones de ONUSIDA. En cuatro países en los que se realizaron encuestas tanto para hombres como para mujeres los resultados de las mismas se hallaron dentro del rango situado entre el 10 y el 15% de las estimaciones para el grupo de edad de menores de 60 años.

Los datos de ambas fuentes confirmaron la creciente prevalencia del VIH entre las personas mayores durante los últimos años.

El equipo de investigación señaló tres importantes implicaciones que se derivan de sus hallazgos: En primer lugar, que es necesario expandir los servicios para afrontar las complejas necesidades de las personas que viven con el VIH. En segundo lugar, que debe prestarse más atención a la prevención del VIH en personas mayores de 50 años. Por último, la necesidad de realizar mayores esfuerzos para obtener datos fiables sobre la epidemia de VIH en personas mayores, paso necesario para comprender el alcance del impacto que genera.

Fuente: Aidsmap / Elaboración propia (gTt-VIH).
Referencia: Mahy M et al. Increasing trends in HIV prevalence among people aged 50 years and older: evidence from estimates and survey data. AIDS 28, online edition. DOI: 10/1097/QAD.0000000000000479, 2014.

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La violencia de género es un abuso de derechos humanos

Durante mucho tiempo, demasiado tiempo, se consideró que la violencia contra la mujer era un problema privado que no debía ni podía comentarse en público. Se esperaba que las mujeres que eran víctimas de abusos por parte de sus parejas o de extraños los sufrieran en silencio. Las que sí denunciaban sus experiencias a las autoridades no podían contar en ningún caso con una respuesta empática.

Eso está cambiando. En parte porque los roles masculinos y femeninos tradicionales continúan experimentado una transformación importante, notable durante los últimos decenios en la Unión Europea, lo que significa que un mayor número de mujeres pueden llevar la vida que quieren por sus propios medios y trabajar en todas las parcelas de la economía y a todos los niveles. Y en parte porque los derechos humanos han adquirido una mayor relevancia dentro de la agenda europea. Porque la violencia contra la mujer es claramente un abuso de derechos humanos.

La existencia de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, que tengo el privilegio de dirigir, es también una prueba de la creciente importancia de los derechos humanos. La Agencia va a ser distinguida hoy con el premio anual del Observatorio español contra la violencia doméstica y de género, lo que demuestra que las autoridades españolas se toman también en serio el problema de la violencia contra la mujer.

Y que nadie se llame a engaño: se trata de un problema que tiene que tomarse muy en serio. El estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales, basado en entrevistas a más 42.000 mujeres en los 28 Estados miembros de la UE, ha demostrado que un tercio de todas las mujeres en la UE han sufrido violencia física o sexual en algún momento de sus vidas.

Necesitamos un debate público que contrarreste la normalización del  acoso a la mujer

Esta cifra es impactante. Y hay otras. Una de las formas más nuevas y siniestras de violencia contra la mujer es el acoso cibernético, que afecta a las jóvenes en particular. Se ven inundadas de mensajes abusivos por teléfono, correo electrónico y plataformas sociales. Nuestra investigación indica que una quinta parte de las mujeres de entre 18 y 29 años de edad han sufrido acoso cibernético. Algunas empresas de medios sociales han sido notablemente lentas en su respuesta a estas violaciones.

Incluso en la cuestión de la igualdad de trato en el trabajo, que muchos consideran un problema del pasado, nos queda todavía mucho camino por recorrer. En España, el 50 % de las mujeres entrevistadas declararon que habían sufrido acoso sexual, muchas de ellas en el trabajo. Y el hecho de tener estudios superiores o un puesto directivo no protege a las mujeres de este tipo de abusos: en la UE, el 75 % de las mujeres que ocupan puestos de alta dirección han sufrido acoso sexual.

No estamos hablando de un problema marginal de un grupo marginal, sino de la mitad de la población. Por eso necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer.

Una forma de hacerlo es a través de la legislación. Otra forma debe ser mediante una cooperación mayor y reforzada entre la policía, las empresas, los médicos y otros profesionales sanitarios. Pero sobre todo, tiene que promoverse un debate público a todos los niveles de la sociedad que contrarreste la normalización de la violencia y el acoso contra la mujer en nuestra cultura e insista en que el hecho de acosar o golpear a una mujer es inaceptable.

Para ello, los hombres tienen que verse implicados —e implicarse ellos mismos— en el debate. No es ningún secreto que los autores de las agresiones contra mujeres son mayoritariamente varones. Por consiguiente, es obvia la necesidad urgente de cambiar ese rol masculino que justifica no solo el uso de la violencia contra la mujer, sino también contra la sociedad en su conjunto, si queremos combatir con eficacia la violencia contra la mujer.

No debemos ser pesimistas. Hace apenas dos meses entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer, el llamado Convenio de Estambul: España es uno de los ocho Estados miembros de la UE que lo ha ratificado. Se trata de un paso en la dirección correcta. Las cifras que hemos obtenido en la Agencia de los Derechos Fundamentales son impactantes. Pero nos ayudan a revelar la magnitud del problema y, con ello, a romper los tabúes que lo rodean. Ese es, también, un paso en la dirección correcta. Para seguir recorriendo ese camino, cada uno de nosotros —tanto hombres como mujeres— tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué puedo hacer mejor?

Morten Kjaerum es el director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

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Ya no estamos discutiendo el aborto: menores e interrupción voluntaria del embarazo

El Gobierno se ha agarrado al aborto de las menores para intentar revertir lo que hasta ahora es una derrota política. Quieren contentar a los sectores más extremistas de su base social con un asunto que ya había sido explotado a raíz de la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de 2010. Lo hacen con una cuestión cuantitativamente menor, pero de gran significado simbólico. Confían, quizá con razón, que enfrentarán una menor oposición. ¿Acaso no fue un exceso haber ampliado a las menores la posibilidad de abortar sin mayores limitaciones? ¿Es que la mayoría de edad no es un umbral relevante y razonable? ¿Es que los padres de las menores no tienen aquí nada que decir? La respuesta a todo ello es que no, pero es importante argumentarlo.

Creo que hay dos razones en las que insistir. En primer lugar, más claramente incluso que en la discusión general sobre el aborto, lo que aquí está en cuestión es la autonomía de las mujeres, no el grado de protección de los fetos. En segundo lugar, los 18 años que se presentan como una vuelta a la normalidad son, en realidad, una excepción. Veámoslo.

La protección legal que merezcan los fetos, sea cual sea, es independiente de la edad de la madre. En esta afirmación ha de coincidir cualquiera con independencia de cuáles sean sus convicciones sobre el valor moral de los fetos humanos. Lo importante en esta discusión es, pues, otra cosa: qué grado de libertad vamos a admitir legalmente para las mujeres de entre 16 y 18 años, de acuerdo con presunciones generales sobre su madurez. El Gobierno y los sectores que lo apoyan actúan como si esto fuera una discusión sobre el aborto y sus límites razonables. No es así.

En Estados Unidos -como agudamente ha observado Slavoj Žižek- los sectores derechistas a la hora de debatir sobre servicios sociales han logrado reducir la discusión a la imagen de la madre soltera que parasita las prestaciones. En cambio, para la discusión sobre el aborto la imagen que han impuesto es la de la mujer profesional, sexualmente promiscua, que ve la maternidad como un obstáculo a sus ambiciones. Nada importa que sean o no casos relevantes o que no capten en absoluto los respectivos asuntos. Una vez que han logrado imponerse -aprovechando prejuicios sexistas, lugares comunes y resentimientos de clase previos- juegan un papel destacado en la formación de la opinión pública, haciendo especialmente complicado presentar razones enfrentadas a estos estereotipos.

En nuestro caso, la imagen que se pretende promover es la adolescente irresponsable y promiscua que recurre frívolamente al aborto y frente a la que sus responsables y preocupados padres nada pueden oponerle, atados como están por la legislación abortista. Por eso conciben la reforma que quieren imponer como limitadora del aborto. Pero esa imagen ni siquiera considera la posibilidad inversa: la de que la legislación actual estaría protegiendo a la virtuosa joven madre que defiende el fruto de su vientre frente a las maniobras de sus malvados padres (madres) abortistas.

Así, volvemos al comienzo: la regulación de la edad es neutra respecto al aborto. Que facilite o dificulte la decisión de abortar dependerá de las variables visiones implicadas y de cómo en cada caso se planteasen los conflictos. La reforma no es neutra, en cambio, respecto a la libertad de las mujeres: supone una limitación clara e injustificada y el aumento de la tutela paternalista respecto a decisiones sobre su cuerpo, su embarazo y su vida. Supone actualizar la idea de que las mujeres son incapaces, irracionales y necesitadas de tutela.

Esto nos lleva al segundo argumento. Establecer la edad legal para que las mujeres decidan por ellas mismas sobre su embarazo en los 18 años dista de ser razonable. Es cierto que se beneficia de la potente noción de la “mayoría de edad”. Pero la apelación a la mayoría de edad sugiere que la reforma de 2010 (que situó en los 16 la edad en la que las mujeres pueden decidir respecto al aborto, incluso sin consentimiento de los padres) habría establecido una excepción a la regla general. La realidad fue precisamente la contraria. Desde la Ley básica de autonomía del paciente de 2002 la regla general a efectos del consentimiento informado son los 16 años. Esa ley estableció, sin embargo, tres excepciones: en la IVE, los ensayos clínicos y la reproducción asistida la edad relevante para el consentimiento sí que era los 18 años. La reforma de 2010 suprimió la excepción en el caso de la IVE. No creó una excepción para el aborto, sino que lo incorporó al criterio general: a efectos de este tipo de decisiones la “mayoría de edad” son los 16 años, no los 18.

Que haya consentimientos válidos antes de los 18 años no es privativo de las decisiones en el ámbito sanitario. La edad mínima para que las relaciones sexuales se puedan considerar consentidas es 13 años (art. 183 del Código Penal). El plan del Gobierno es aumentar esa edad. Pero incluso si lo hicieran, las mujeres de entre 16 y 18 años podrían prestar su consentimiento para tener relaciones sexuales pero no, en cambio, para interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres. Una paradoja que se repetiría con el matrimonio: podrían contraer matrimonio desde los 16 años (desde los 14 antes de la reforma del Código civil de 2013), pero no abortar. Cabe barruntar la concepción subyacente: que sean los maridos quienes asuman el papel de los padres. Como en los viejos tiempos, pues de lo que se trata es de que las mujeres estén tuteladas.

Así pues, volver a los 18 años sería retroceder a la excepcionalidad de la IVE respecto al resto de decisiones sanitarias. Y ello sin generar mayor protección legal de los fetos, sino simple y llanamente -y sin siquiera la habitual coartada de tal protección- una mayor limitación a la libertad de las mujeres. Algo que viniendo de quien viene no es de extrañar, pero que ha de ser respondido contundentemente.

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Violaciones en España: Una cada siete horas

Ariadna tenía 17 años. El pasado 7 de septiembre acudió a comisaría para denunciar que había sufrido una violación; su testimonio no terminó de resultar convincente para los agentes, que volvieron a citarla horas después para tomarle nuevamente declaración. Tampoco entonces parecieron creerla. El agresor fue detenido, y puesto en libertad tras confesar que había sido una relación consentida. Tres días después, Ariadna se ahorcó.

Seguramente nunca lleguemos a conocer con certeza qué pesó más en su decisión de suicidarse: si la agresión sexual en sí o la desconfianza, ese pasar de ser víctima a sospechosa, la falta de compasión. No lo sabremos, pero Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, se pregunta “en qué cabeza humana cabe que a Ariadna le costase cuatro horas poner la denuncia por violación. O que, pese a que nosotras pedimos intimidad absoluta, en el momento de su declaración hubiera cuatro policías, tres de ellos varones. Eso era impensable hace unos años”. Una década atrás, asegura esta veterana de la lucha contra la violencia sexual, “en las comisarías se aplicaba correctamente el protocolo de actuación para tratar a las víctimas de este delito. Pero hace unos cuatro o cinco años este trato empezó a deteriorarse y muchas víctimas, especialmente latinoamericanas, comenzaron a ser cuestionadas, interrogadas, presionadas. De hecho, fuimos a la Policía a preguntar por qué estaba pasando esto y se nos dejó entrever que había habido una orden por parte de la Magistratura indicando que se filtraran muy bien estos delitos…”.

Algo parece haber cambiado. Amalia Fernández Doyague, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, llega a hablar incluso de “un retroceso ideológico total y absoluto en la sociedad”, salto hacia atrás que, añade, ha sido “muchas veces amparado por políticos de este país». Y pone como ejemplo las declaraciones delalcalde de Valladolid, ese “me da reparo entrar en un ascensor con una mujer por si se arranca el sujetador o la falda”.

La violación de Ariadna es una de las más del millar que se producen cada año en nuestro país. Exactamente una cada siete horas, más de tres al día. En 2013, según la última memoria del Ministerio del Interior, se contaron 1.298 en España, 18 más que el año anterior. Esta cifra atañe únicamente a “agresiones con penetración”, es decir, que no incluye un sinfín de abusos sexuales en los que la mujer no llega a ser penetrada. El número de denuncias es mucho mayor: 2.859 correspondientes a menores, y 10.621 presentadas por adultas, según la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas. Pero es mucho más lo que se silencia, asegura Tina Alarcón: “Aunque es un delito que no se puede callar nunca, cada vez hay más mujeres que no denuncian. Dicen: ‘Para qué'”.

“Hemos hecho conquistas legales, pero se sigue sospechando que la mujer provoca la situación. El delito comienza a partir del momento en que la mujer dice ‘no'”.

Tina Alarcón, presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas

La visión de Acracia Infante aporta un matiz diferente. La fundadora de la webmehanviolado.org -desde la que se pretende ayudar y orientar a las víctimas de violencia sexual– no ve tan clara la idea del retroceso ideológico: “La mentalidad es la misma de siempre”. Pero sí apunta que ahora se está hablando mucho más de las violaciones, y eso permite que aflore “el sentir real de buena parte de la sociedad. Somos muchos quienes estamos tratando de visibilizar la ‘cultura de la violación’; no es de extrañar, entonces, que salgan también voces contrarias diciendo que no es para tanto”.

Cultura de la violación. Con este concepto, importado del mundo anglosajón, se define ese conjunto de creencias que justifican la violencia sexual hacia la mujer. Aunque raro es el varón -o incluso la mujer- que reconozca compartir esta cultura (de la misma manera que nadie justifica un asalto con navajas en mitad de la calle), en cuanto empezamos a escarbar aparecen las raíces profundas que todavía hoy alimentan buena parte de dichas creencias: “Se tiende ajustificar, o a encontrar menos grave, una violación en la que la mujer iba vestida con ropa supuestamente provocativa, cuando existía un tonteo previo, si ella había accedido a subir a casa del agresor o en caso de que ambos “hayan tenido relaciones sexuales con anterioridad», argumenta Acracia Infante. “Que se estén justificando continuamente tantos crímenes sexuales hace que los violadores no se sientan como tales”.

Tanto es así que muchas veces la mujer tampoco llega a pensar que ese acto que se ha producido contra su deseo supone una violación. “Nosotras somos nuestras peores enemigas”, denuncia Fernández Doyague, “venimos arrastrando una educación por culpa de la cual es muy frecuente que las propias madres justifiquen la agresión: ‘Pero dónde andarías, con las pintas que llevas, te lo vengo diciendo…’ Y, al final, comienzan a sentirse responsables de lo que les ha ocurrido”.

Más allá del entorno, ella, como jurista, quiere hacer especial hincapié en esa parte de la instrucción en que “lo primero que se enjuicia es lahonestidad de la mujer: cómo iba vestida, a qué hora se produjo la agresión, de dónde venía, a dónde iba, si tenía novio… Son circunstancias ajenas a los hechos que, en ningún caso, deberían aparecer en la instrucción. Pero lo hacen, y son esos mismos factores los que luego aparecen reflejados en los medios de comunicación”. Y, aunque reconoce que se han conseguido avances legislativos, matiza que “no se han producido en la mentalidad de los propios legisladores”.

De forma de pensar nos habla también Tina Alarcón: “Hemos hechoconquistas jurídicas, pero la opinión pública continúa con el mismo criterio de los años 70: se sospecha que la mujer provoca la situación. En Derecho Penal, esa figura de la provocación no existe. Hay que dejar claro que el delito comienza a partir del instante en que una mujer dice que no, sean las circunstancias que sean. Pero muchas adolescentes callan y no denuncian, porque entienden que han estado coqueteando más de la cuenta”.

“La propia amenaza de ser violadas funciona como un mecanismo patriarcal que condiciona el comportamiento cotidiano de las mujeres”.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas.

Los prejuicios son los mismos de antaño, pero en los últimos años se está produciendo un nuevo fenómeno: el de la desconfianza en la veracidadde las denuncias.

Según datos del Fiscal General del Estado, se estima que el número dedenuncias falsas por violación ronda el 0,01%. “Es algo absolutamente minoritario, pero basta que suceda una vez para que aparezca en todos los medios”, señala Infante. Pensemos en el último caso, el de la denuncia por violación en la Feria de Málaga el pasado verano: la supuesta víctima se desdecía hace unos días de su declaración y argumentaba que se lo había inventado para evitar que se difundiese el vídeo que le habían grabado mientras mantenía relaciones sexuales con los acusados. La joven ha sido condenada a 10 meses de cárcel y 2.160 euros de multa. Todos los medios de comunicación se han hecho eco de esta historia, pero ¿cuántos de ellos recogen alguna de las violaciones que se denuncian diariamente?

El problema de las denuncias falsas es que contribuyen a perpetuar lacultura de la violación. Tal y como escribía Concha Caballero, exdirigente de Izquierda Unida, “si la chica de Málaga mintió en su denuncia, merece toda nuestra reprobación y el castigo legal correspondiente. No solo ha acusado falsamente a un grupo de jóvenes, sino que su caso será utilizado para justificar los miles de crímenes que se cometen contra las mujeres”. Y la cuestión se complica aún más con el megáfono de las redes sociales, que se han hecho ampliamente eco de la falsedad de esta denuncia y han sembrado dudas sobre la veracidad de otras.

Si no fuera por esta alusión al mundo de las nuevas tecnologías, posiblemente dudaríamos de que todo esto esté ocurriendo en pleno 2014. Las recomendaciones que ha hecho este mismo verano el Ministerio del Interior para prevenir las violaciones parecen como de otro siglo: comprarse un silbato, correr las cortinas de casa, no acercarse a desconocidos… Carmen Montón, secretaria de Igualdad de la nueva Ejecutiva del PSOE, afirmaba en Twitter que estos consejos son “una forma de meter miedo, culpabilizar a las mujeres y eludir responsabilidades”. Y Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, asegura que “la propia amenaza de ser violadas funciona como un mecanismo patriarcal que condiciona el comportamiento cotidiano de las mujeres”.

Ante esto ¿qué se puede hacer? Las expertas apuestan por la necesidad de denunciar y apoyar a la mujer en ese difícil momento de la denuncia. Y la importancia de evitar que se acabe culpabilizando a la víctima. También están convencidas de que el cambio pasa por esta máxima. “No eduques a tus hijas para que no las violen; educa a tus hijos para que no nos violen”, afirma Acracia Infante.

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