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ONG mujeres dicen que España incumple tratados internacionales sobre igualdad

La Plataforma CEDAW Sombra España, compuesta por 50 organizaciones de mujeres, ha denunciado hoy el incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España debido al progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad y la carencia de medios en la lucha contra la violencia machista.

Así lo pone de manifiesto el Informe CEDAW Sombra, que responde al proceso de seguimiento y evaluación de la aplicación de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada en 1979 y ratificada por España en 1984.

“El Estado español no está cumpliendo los acuerdos internacionales ratificados por el Convenio de la CEDAW”, ha sentenciado en rueda de prensa Bárbara Tardón, responsable de la Plataforma, que ha denunciado que la “arquitectura de la igualdad se está desmantelando” como evidencia el recorte del 49 por ciento en estas políticas en los últimos cuatro años.

La plataforma, integrada por 50 organizaciones de mujeres, de cooperación internacional y de derechos humanos, presentará este informe, refrendado por mas de 260 asociaciones, ante el Comité de la CEDAW en la sede de Naciones Unidas entre el 10 y el 14 de noviembre.

Montse Pineda, miembro de la Plataforma, ha recordado que la ratificación de la convención compromete a España a desarrollar políticas encaminadas a eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer y a presentar informes sobre la aplicación de la directiva ante el Comité de la CEDAW, el mismo que condenó a España por no haber protegido a la hija de una víctima de violencia machista que finalmente fue asesinada por su padre.

“En 2009 el Comité le dijo a España que se tenía que poner las pilas en política de igualdad”, ha señalado Pineda, quien ha lamentado que el Estado “no se ha tomado en serio” esta advertencia, por lo que cree que la CEDAW volverá a recordar a España que es “una cuestión de responsabilidad y respeto a los derechos humanos”.

Tardón ha analizado el informe que pone de manifiesto la ausencia de políticas dirigidas a la prevención y la atención a las víctimas de violencia sexual y ha lamentado que las campañas del Gobierno se centren únicamente en insistir en que las mujeres deben ser las principales denunciantes, a pesar de “todas las trabas” que presenta el sistema judicial.

En este sentido, se ha mostrado preocupada por el aumento de los sobreseimientos de las denuncias por violencia machista -un 158 por ciento mas entre 2005 y 2012-, una lacra que ha costado la vida a mas de 300 mujeres desde 2009 y que son “la punta del iceberg de las mujeres que están siendo agredidas a través de las distintas formas de violencia”.

Ha denunciado, asimismo, la reducción de un 23 por ciento del presupuesto para luchar contra la violencia machista y la ausencia de una ley que proteja a otras víctimas directas o indirectas como son los menores, las mujeres que sufren violencia sexual, mutilación genital o matrimonios forzosos.

“Nos llama mucho la atención que las campañas de reclutamiento militar han duplicado el presupuesto de las campañas contra la violencia de género”, ha señalado. También han indicado que no se está cumpliendo la ley de igualdad en materia de educación que, con la aprobación de la Lomce, elimina la asignatura de ‘Educación para la ciudadanía’, “esencial para la prevención de la violencia de género” y justifica la segregación por sexos en las aulas.

Tardón ha destacado que, entre 2008 y 2013 el desempleo femenino se ha duplicado, pasando del 13 al 27 por ciento, y la brecha salarial entre hombres y mujeres “sigue aumentando”. Sobre derechos sexuales y reproductivos, la responsable de la Plataforma se ha mostrado muy preocupada por el “retroceso” que supondría la aplicación de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Justicia y que “implica una vuelta a los periodos mas oscuros de nuestra historia”.

Otro de los aspectos que ha denunciado es la ausencia de una ley sobre trata de mujeres y la reducción del presupuesto destinado a cooperación y desarrollo.

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Muerta la ‘ley del aborto’ de Gallardón, Rajoy y Soraya ya han puesto en marcha ‘la píldora del día después’: el Constitucional

El Gobierno Rajoy-Soraya ya ha puesto en marcha el plan B, la ‘píldora del día después’, para el engorroso asunto de la reforma de la ley del aborto de Gallardón que tanto les estaba pesando. Una vez que las encuestas de Arriola han demostrado a todo el que tiene opinión y voto en Moncloa que poner en marcha el proyecto del ministro de Justicia iba a significar otro desgarro en sus expectativas electorales, el número uno y la dos del ejecutivo han decidido ‘revivir’ el embrión que mantenían congelado en los archivos del Tribunal Constitucional: el recurso que plantearon ante la ley de interrupción del embarazo del Gobierno ZP.

El plan B que Soraya llevó al Vaticano
Su intención no declarada, claro, es salvar así también la cara ante los ‘ultra antiabortistas’ y poder mantener ante su electorado más ‘religioso’ lo que sus tertulianos ya han comenzado a insinuar y seguramente venderán de manera intensa en las próximas semanas: el compromiso programático del PP era modificar la ley ZP, reformar aspectos, pero no acabar con ella.

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La llei de l’avortament: a punt de quedar arraconada en un calaix

Queden només vuit dies perquè acabi l’estiu astral, el límit que havia marcat el ministre de Justícia, Alberto Ruiz-Gallardón, i el govern espanyol encara no ha aprovat el projecte de llei de l’avortament. I no sembla que tingui intenció de fer-ho. La Moncloa hauria decidit deixar Gallardón a l’estacada i tindria previst arraconar en un calaix, per sempre, la polèmica reforma. Segons publicava ahir El Mundo, fonts del govern espanyol i del PP afirmen que “no hi ha consens al voltant d’aquest projecte” i que “si no s’aconsegueix un acord la llei no s’aprova i en paus”. Alguns populars fins i tot van més enllà. “Aquesta llei mai arribarà al Parlament”, diuen. De fet, en preguntar-l’hi cada divendres, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s’ha negat a posar terminis i ha anat reiterant que s’estava intentant trobar un “consens” que no sembla que arribi mai. Ni tan sols amb ajustos d’última hora com la incorporació de la malformació del fetus com a motiu legal per interrompre l’embaràs.

Des del PSOE ja es canta “victòria” i se celebra que “l’oposició ciutadana” hagi aconseguit que el govern espanyol rectifiqui, a l’espera de la confirmació de la Moncloa. Les associacions pro vida, en canvi, consideren una “traïció” la decisió i demanaran als seus simpatitzants que no votin el Partit Popular si finalment Rajoy es retracta. Tot i això, el president del Fòrum Espanyol de la Família, Benigno Blanco, no descartava ahir a Efe que la notícia no sigui més que un “globus sonda” dels populars per veure cap on tiren. A les files del PP preocupa que el govern espanyol tiri endavant la reforma a les portes d’un any electoral. En les eleccions europees van perdre 1,5 milions de vots i aprovar una norma amb un caràcter tan conservador com la de Gallardón els aniria encara més en contra, segons auguren els sondejos. Si realment la norma no veu la llum, el ministre quedarà molt tocat. Caldrà veure si decideix seguir a l’executiu.

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Las tasas de aborto son más elevadas en los países con leyes más restrictivas

En contra de lo que todavía mucha gente cree, las tasas de aborto son más elevadas en aquellos países donde las leyes son más restrictivas y punitivas. Las tasas de aborto son de 29 por mil mujeres en edad reproductiva en África y 32 por mil en América Latina, regiones en donde el aborto está severamente restringido en casi todos los países. En cambio, la tasa de aborto es de 12 por mil en Europa Occidental, donde existe un amplio acceso tanto al aborto como a la anticoncepción. Penalizar el aborto no evita su práctica, pero sí provoca un aumento de ingresos hospitalarios por complicaciones y de muertes derivadas de procedimientos clandestinos e inseguros. En América Latina, por ejemplo, el 95% de los abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras, con graves consecuencias para la salud de la mujer en términos de morbilidad y mortalidad.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por investigadores del Instituto Guttmacher y la Organización Mundial de la Salud, publicado en The Lancet. A nivel mundial, el porcentaje de abortos realizados en condiciones de inseguridad sanitaria y jurídica ha aumentado de 44% en 1995 a 49% en 2008 –aunque solo suponen el 6% en el mundo desarrollado–. La OMS estima que las complicaciones derivadas de abortos en condiciones inseguras causan 47.000 muertes anuales y representan un 13% del total de muertes maternas en el mundo.

En el caso de España, un estudio publicado en la European Journal of Public Health, que analizó los registros de abortos de mujeres españolas en Inglaterra y Holanda desde 1974 y en España desde 1986 concluyó que la despenalización del aborto de 1985 no tuvo un efecto observable en la evolución de la tasa de aborto, pero sí en la reducción de desigualdades sociales en el acceso al mismo. La ley de plazos de 2010 sí afectó a la evolución de la tasa de aborto, pero en el sentido contrario al augurado por los sectores más conservadores, ya que ésta experimentó un ligero descenso. En caso de entrar en vigor la nueva ley, el pronóstico es bastante preocupante: el número de abortos no se reducirá (desaparecerán de las estadísticas españolas, pero emergerán en las estadísticas de otros países europeos), aumentarán los riesgos para la salud de las mujeres derivados de procedimientos sin control médico, y aumentará la desigualdad social respecto a la libre elección de la maternidad.

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