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Ruiz-Gallardón planea llevar al Congreso en julio su ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene previsto que el proyecto de ley del aborto inicie en julio su tramitación en el Congreso con la celebración del pleno de las enmiendas a la totalidad del texto, según indicaron a EL PAÍS fuentes del Gobierno. El Ejecutivo mantiene inalterable su intención de aprobar la polémica ley, una vez que ha logrado evitar que el trámite coincida con la precampaña y la campaña de las elecciones europeas del 25 de mayo. Los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, necesarios antes de aprobar el definitivo proyecto de ley en el Consejo de Ministros, están bloqueados en esos organismos.

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro han insistido públicamente en las últimas horas en la intención de seguir adelante con la tramitación de la norma que deroga la actual ley de plazos para sustituirla por una ley de supuestos más restrictiva que la que estuvo en vigor entre 1985 y 2010. Mariano Rajoy se remite al último programa electoral del PP y Gallardón se enrocó este miércoles en el Congreso en la defensa de su proyecto.

El argumento de ambos para justificar la reforma es que se trata de la misma normativa que el PSOE mantuvo 25 años. Gallardón lo explicó así en su respuesta a la socialista Elena Valenciano: “Si es una ley perversa, señoría, yo le pregunto: ¿Cómo es posible que durante 25 años estuviese vigente en España y que ustedes no la protestasen? ¿Cómo es posible que el último Gobierno socialista durante ocho años no la quisiera cambiar? ¿Y cómo es posible que ni siquiera introdujeran la propuesta de cambio en el último programa con el que concurrieron a las elecciones?”

El calendario previsto empieza por recibir en junio los informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, para llevar el texto de nuevo al Consejo de Ministros, que aprobaría el proyecto de ley para su remisión inmediata al Congreso en julio. Para eso, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, según confirmó un alto cargo de este departamento, ya tiene previsto que se habilite julio para celebrar varios plenos en los que se incluiría el debate y aprobación de otras leyes en trámite, incluida la del aborto y la Ley Orgánica del Poder judicial, “si para entonces han pasado por el Consejo de Ministros”.

A partir de septiembre se iniciaría el plazo de enmiendas parciales y el resto de trámite de la ley del aborto, con la idea de que pueda salir de las Cortes a final de año. De esa forma, se alejaría en lo posible la polémica norma de las municipales y autonómicas de mayo, en las que el PP se juega su hegemonía territorial, después de que, además, destacados barones regionales hayan cuestionado la reforma legal. Las palabras de Rajoy y Gallardón en los dos últimos días rebaten, en todo caso, la idea de que un mal resultado del PP en las europeas podría hacerles desistir de la reforma legal. Fuentes del Gobierno aseguran que no hay más opción que negociar el contenido con el resto de grupos, pero sin renunciar al principio de la ley de supuestos. Solo una parte de CiU, los diputados de Unió, comparten la derogación de la actual ley de plazos.

El Gobierno tiene previsto matizar la supresión del supuesto de malformación del feto que el anteproyecto supedita al daño a la salud de la madre. Y el Ejecutivo se inclina por introducir esta modificación en el Consejo de Ministros, para intentar negociar luego otros matices en el Parlamento. Pero, en todo caso, manteniendo la ley de supuestos

El anteproyecto de ley del aborto se aprobó en Consejo de Ministros a finales de diciembre y lleva desde entonces pendiente de los informes preceptivos no vinculantes. Cinco meses después, la ponente conservadora del Consejo General del Poder Judicial aún no ha entregado su proyecto de informe al pleno de la institución. Otros organismos con mayoría y control conservador, como el Consejo Fiscal, no han iniciado aún su discusión. Lo harán justo después de las europeas. Otras leyes mucho más complicadas técnicamente se informan en la mitad de tiempo, como ocurre en este momento, por ejemplo, con la Ley del Poder Judicial, que tiene más de 600 artículos, frente a los 10 de la del aborto.

Gracias a esa demora en los informes, el Gobierno ha sacado de la campaña la polémica reforma. La socialista Valenciano reprochó a Gallardón esta maniobra: “Las elecciones están siendo una táctica disuasoria estupenda para esconder el proyecto, pero ¿sabe qué pasa? Que en España hay muchas mujeres que hoy se preguntan si el aborto es legal o no, y decisiones de vida de esas mujeres dependen de sus juegos, de sus tácticas electorales, y a eso no hay derecho. Piénselo bien y apelo a su responsabilidad. A pesar del rechazo que sabe que esta ley está provocando, y por esto la tienen escondida en periodo electoral, ¿va a traer esa ley al Parlamento?”.

Gallardón le respondió acusándola de desconocer los trámites y se esforzó en explicar que no ha habido tal demora en los informes: “Que un anteproyecto de ley esté siendo informado por los órganos consultivos en un plazo, por cierto, no superior al que tardaron en informar el proyecto de 2010, y calificarlo de esconderlo… Perdóneme, pero está usted ofendiendo al Consejo del Poder Judicial y al Consejo Fiscal”, dijo.

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El PP rechaza encargar un estudio para conocer el impacto sanitario de la reforma del aborto

El PP se ha opuesto este miércoles en el Congreso a una iniciativa socialista para pedir al Gobierno que realice un estudio para conocer las consecuencias sanitarias, psicológicas y jurídicas que tendrá para las mujeres la reforma de la ley del aborto elaborada por el Ministerio de Justicia. El grupo popular ha señalado que el PSOE lo único que pretende con la iniciativa es “enturbiar” Lo ha hecho en la Comisión de Igualdad de la Cámara baja, en la que la diputada socialista Ángeles Álvarez ha señalado que si se aprueba la ley, se producirán 100.000 abortos clandestinos y 20.000 mujeres recurrirán a personas que no están cualificadas para interrumpir el embarazo o se lo autoinducirán. El resto de grupos de la oposición ha respaldado la iniciativa si bien la mayoría absoluta del PP ha impedido que salga adelante. Álvarez ha afirmado que si una mujer quiere interrumpir su embarazo lo hará “en cualquier circunstancia” y el aborto clandestino conlleva riesgos que debe dar a conocer el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad porque es su competencia. Así, ha propuesto que Sanidad informe, entre otros, del número previsible de intervenciones quirúrgicas de urgencias por abortos clandestinos que se producirán si se aprueba la nueva legislación, debidas, por ejemplo, a perforaciones uterinas y de vejiga. La diputada del PP Felicidad Rodríguez ha señalado que el PSOE lo único que pretende con la iniciativa es “enturbiar” el futuro debate de la ley en el Congreso en la que, a su juicio, la seguridad de la mujer ocupa “un lugar primordial”, por lo que ha insistido en que la propuesta quiere crear “alarmas injustificadas”. Rodríguez ha opinado que el anteproyecto aprobado por el Gobierno trata de proteger los derechos tanto de la mujer como los del concebido y no nacido, tal y como ha dicho que establece el Tribunal Constitucional. Por su parte, Lourdes Ciuró, de CiU, ha señalado que su grupo no se podía oponer a realizar un estudio como solicita la proposición no de ley del PSOE, en tanto que Caridad García, de Izquierda Plural, ha deseado que la reforma del aborto “esté guardada en el cajón no solo después de las elecciones europeas, sino para siempre”. El diputado de UPyD Toni Cantó también ha dicho estar a favor de la propuesta porque pide informar sobre las consecuencias sanitarias y jurídicas de los abortos clandestinos.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2127244/0/pp-rechaza/estudio-ley-aborto/impacto-sanitario/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263

Las consecuencias del aborto inseguro

La ley en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010 buscaba la reducción de los embarazos no deseados y se construyó sobre una fórmula de probada eficacia que consiste en la combinación de tres elementos:

1. La implementación de la educación sexual como materia curricular.
2. El acceso real a la anticoncepción con la liberalización de la píldora poscoital y la inclusión de anticonceptivos de última generación entre los fármacos financiados por la Seguridad Social.
3. El reconocimiento del libre acceso al aborto en un plazo limitado de 14 semanas.

A diferencia de estas políticas estratégicas las del PP eliminan los tres elementos clave de una buena política pública en materia de DSyR porque limitan el acceso a información preventiva, limitan la financiación a los anticonceptivos más eficaces y pretende imposibilitar el acceso a una atención sanitaria segura para la interrupción voluntaria del embarazo.

Diferentes organizaciones profesionales han realizado análisis detallados del Anteproyecto y han realizado proyecciones sobre del número de mujeres que estarán abocadas a poner en riesgo su salud y su vida como consecuencia de prácticas clandestinas e inseguras.

Con la Ley del PP, España dejará de garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la interrupción del embarazo. Decenas de miles de mujeres se verán abocadas a realizar la IVE en otros países o en entornos de clandestinidad. Las perspectivas son pavorosas:

• 100.000 abortos quedarán en la ilegalidad
• Unas 50.000 mujeres viajarán al extranjero
• 50.000 recurrirán a prácticas clandestinas
• 20.000 de ellas sufrirán graves consecuencias para su salud. (40 %)

Aborto clandestino significa que 50.000 mujeres recurrirán a instrumentos punzantes o al uso de sustancias peligrosas por vía oral o perfusión vaginal. El catálogo de métodos para interrumpir el embarazo es conocido y sus secuelas también.

Para los abortos practicados con instrumentos punzantes (como las agujas de punto) lo más común será:
• Perforación uterina
• Perforación de vejiga urinaria, recto y asas intestinales
• Desgarros del cuello del útero

Las consecuencias de esas lesiones son:
• peritonitis
• abdomen agudo
• hemorragias
• infecciones agudas
• resecciones intestinales
• extirpaciones uterinas y esterilidad
• fístulas recto vesicales con incontinencia urinaria y fecal
• muerte por shock hipovolémico o por shock séptico

A muchas mujeres estos métodos les provocaran pavor y buscarán la interrupción de esos embarazos no deseados a través de lavados vaginales con sustancias variadas, o por vía oral con distintas medicaciones.

En esos casos, las consecuencias y complicaciones más frecuentes serán:
• Quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad
• hipertensión
• edema pulmonar y parada cardíaca
• embolismos que según el vaso donde impactan generarán infartos pulmonares cardiacos o cerebrales, provocando graves secuelas y en algunos casos la muerte.

Todos los organismos internaciones nos recuerdan machaconamente que la práctica de abortos auto-inducidos -los únicos no punibles según el anteproyecto-, generalmente en malas condiciones higiénicas sanitarias, o la realización de abortos por personas que carecen de las habilidades y conocimientos necesarios y que no garantizan estándares médicos mínimos, es una de las causas más importantes de mortalidad materna y morbilidad materna en el mundo.

¿Ha calculado el Gobierno el número de muertes de mujeres como consecuencia de abortos clandestinos? ¿Ha calculado el número de casos de incapacidad permanente o transitoria o infertilidad como consecuencia de las secuelas de abortos practicados con instrumentos punzantes?

La proyección realizada para España por la Sociedad Española de Contracepción calcula que 20.000 mujeres sufrirán complicaciones o daños irreparables y aplicando la tasa estimada de la OMS sobre muertes como consecuencia de un aborto inseguro-entre 20 a 520 fallecimientos anuales por cada 100.000 intervenciones-, con la ley del PP hasta 260 mujeres podrían morir por aborto inseguro.

Es competencia del Ministerio de Sanidad, política social e igualdad la ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, y por tanto le compete el análisis sobre los resultados y efectos que tendrá en la vida de mujeres esa norma, valorando si supondrá un incremento de la inseguridad, la morbilidad y la mortalidad de las mujeres.

El ministro de Justicia, que ha asumido en tono mesiánico la puesta en marcha de este bárbaro anteproyecto, no ha recabado del Ministerio de Sanidad información sobre cuántas mujeres españolas pasarán a engrosar esa estadística de mortalidad y morbilidad. En el Ministerio se practica la alevosía del silencio propuesta por el presidente Rajoy aún a costa de poner en riesgo la vida de las mujeres.

Peligroso, temerario e insensato. Pero lo que provoca enfado severo, es que las diputadas del Partido Popular voten para privar a las mujeres sin recursos de un derecho que ellas sí podrán garantizarle a sus hijas y sus nietas. ¿Cabe que le recordemos al Gobierno que las mujeres con bajo poder adquisitivo también tienen derecho a acceder a un aborto en condiciones de seguridad?

Diputada, PSOE y fundadora de la Red Estatal contra la Violencia de Género

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