Notícies

NOU SERVEI: SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA PER A DONES MIGRADES

El servei ofereix de forma gratuïta i confidencial. Està adreçat a dones particulars, grups de dones, entitats de persones migrades o que treballen amb elles i administracions. S’ofereixen Tallers de formació a mida, Un espai d’assessorament per a dones i Un espai d’atenció ginecològica setmanal. Contacte a través del correu electrònic programasalutsexual@apfcib.org i també en el telèfon: 688 904 980.

Professionals de la medicina sol·liciten la retirada de l’avantprojecte de la LLei d’IVE

MANIFIESTO

“Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país”

Ante el Anteproyecto de “Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada”, especialistas en ginecología, genética, psiquiatría, salud pública, así como profesionales de otras especialidades médicas que desempeñamos nuestra labor en el ámbito público o en el sector privado, queremos hacer pública nuestra preocupación. Consideramos innecesaria la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo vigente desde 2010, ya que ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país.

Hoy en día las mujeres que recurren a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) lo hacen porque afrontan un embarazo no deseado o imprevisto y nada hace presuponer que dejarán de sopesar esa posibilidad. No observar por parte de los/as legisladores/as esta circunstancia es dar la espalda a la realidad. El actual sistema de plazos permite a las mujeres interrumpir la gestación hasta la semana 14, estableciendo límites y normas para proteger también los derechos del no nacido. Tanto es así que, gracias a esta disposición legal, se ha intensificado la tendencia hacia el aborto temprano y hoy el 90 % de los abortos se realizan dentro del primer trimestre de gestación (un 68 % en gestaciones inferiores a las 8 semanas), evitando así los riesgos biológicos, psicológicos y sociales derivados de los abortos tardíos. Abortos, estos últimos, que se incrementarán cuando se restrinja el acceso voluntario de la mujer a la interrupción.

Los países de nuestro entorno europeo no son ajenos a esta situación, adoptando la mayor parte de ellos legislaciones que permiten la libre decisión de la mujer durante un determinado periodo de gestación, entre las 10 y las 24 semanas. Otros, como Inglaterra, admiten indicaciones amplias que en la práctica implica el respeto hacia la libre decisión de las mujeres. Tan solo Polonia e Irlanda, con legislaciones muy limitadas, obvian la voluntariedad de la mujer en el aborto. Así como Malta donde el aborto provocado está prohibido.

En lo que refiere al supuesto por malformaciones fetales, la legislación vigente contempla la interrupción hasta la semana 22, o incluso más adelante cuando se detecten en el feto anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico, en concordancia con todas las legislaciones europeas. Las mujeres afectadas (un 3% del total) toman una decisión informada, contando con el debido asesoramiento médico. La eliminación de este supuesto contradice nuestra ética profesional y resulta contraria al sentir mayoritario de la población. Restringir el aborto por patología fetal solo servirá para agudizar el dolor de estas 3000 mujeres que deseaban su embarazo. Basar esa restricción en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un argumento incorrecto, ya que en ningún apartado se habla del discapacitado no nacido, dado que la discapacidad no existe antes del nacimiento, dándose ésta a largo plazo y en interacción con el medio.

A día de hoy, el aborto provocado es una práctica sanitaria normalizada que se realiza con total privacidad, intimidad y garantía sanitaria. Su reconocimiento por el Sistema Nacional de Salud garantiza su gratuidad y equidad en todo el territorio. Restringir o dificultar el acceso no significa que las mujeres vayan a dejar de recurrir a este recurso, solo estigmatiza su práctica, poniendo en peligro la seguridad e incluso la vida de las mujeres.

Por otro lado, la ley actual ha supuesto un importante avance en relación a la seguridad jurídica de las mujeres y los profesionales. Así en sus más de tres años de vigencia ninguna mujer ni profesional sanitario ha sido denunciado, encausado o condenado. Creemos que las extremas limitaciones para la práctica del aborto previstas en el anteproyecto ponen en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales que realizan los informes preceptivos, los psiquiatras y también de los que realizan efectivamente el aborto.

El único instrumento válido para evitar los embarazos no deseados es el acceso real a los métodos anticonceptivos. La única herramienta de probada eficacia para reducir las gestaciones imprevistas es la educación sexual. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE que ahora se quiere derogar es eminentemente preventiva. Dicha norma, complementada con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, promueve diversas acciones para mejorar la educación y el acceso a los anticonceptivos, así como, la creación de recursos de atención a la salud sexual y reproductiva allí donde son insuficientes, lo que también va a quedar en suspenso.

Más de 5 millones de mujeres en el mundo sufren complicaciones médicas derivadas de un aborto inseguro y 47.000 mueren en uno de los más de 22 millones de abortos clandestinos que se realizan cada año, según la OMS.

Esa y no otra es la realidad. Frente a ella, 68 países, un 25 % del total, reaccionan legislando restrictivamente o prohibiendo el aborto. Por el contrario, 73 países, el 61% de la población, han optado por normas que no establecen restricciones en cuanto a la razón para abortar o admiten razones socio­económicas amplias. El resto, 14%, permiten el aborto por causas médicas.

La sociedad española debe decidir si se posiciona a favor de la realidad sanitaria, jurídica y social de los países con leyes que respetan el derecho a decidir de las mujeres, o si quieren emular a aquellos que no lo hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres. Los profesionales que firmamos este comunicado solicitamos al gobierno de España que no apruebe el citado Anteproyecto de ley.

 

RESUMEN FIRMANTES MANIFIESTO

 

Nº TOTAL DE FIRMANTES: 1.970- confirmado

PROFESION / ESPECIALIDAD PORCENTAJE
MEDICOS/AS 61,5 %
PERSONAL DE ENFERMERIA Y MATRONAS 21,5 %
PSICOLOGOS/AS Y TRABAJADORES SOCIALES 13 %
OTROS PROFESIONALES SANITARIOS 4 %

 

PROFESION / ESPECIALIDAD PORCENTAJE
JEFES DE SERVICIO Y CATEDRATICOS 3 %
GINECOLOGOS/OBSTETRAS/DIAGN PREN 18 %
MEDICOS GENERALES 18 %
PSIQUIATRAS 4 %
PEDIATRAS 5,5 %
MEDICOS OTRAS ESPECIALIDADES 13 %
ENFERMERAS 14,5 %
MATRONAS 7 %
TRABAJADORES SOCIALES SANITARIOS 6 %
PSICOLOGOS CLINICOS 7 %
OTROS PROFESIONALES SANITARIOS 4 %
TOTAL 100 %

 

Nota de premsa APFCIB 14/02/2014 DIA EUROPEU DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA JO DECIDEIXO, JO DESODEEIXO

Des de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), en motiu de la celebració del Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva, volem tornar a manifestar públicament el nostre rebuig i preocupació davant la CONTRAREFORMA de Llei de SSiR i d’IVE aprovada al Consell de Ministres el passat mes de desembre.

En la situació que es troba la Salut Sexual i Reproductiva (SSiR) a l’Estat Espanyol, celebrar un dia com aquest només es pot fer reivindicant totes les mancances i vulneracions que es viuen actualment. Cal recordar que segons les dades de l’estudi presentat el passat mes de juny1, les polítiques de l’Estat suspenen en gairebé tot, sobretot en educació sexual. Es recorda que el Govern del PP ha paralitzat l’estratègia de salut sexual i reproductiva2 i, per tant, ha provocat un retrocés en l’accés a l’anticoncepció, l’accés als serveis de SSiR i l’absència de la implementació d’una política de formació a estudiants i professionals sociosanitaris.

La deficiència i desigualtat és flagrant, també, en les campanyes de promoció de la SSiR, la implantació de l’educació sexual i reproductiva als currículums escolars i la formació a professionals. S’ha reduït l’accés a contraceptius d’última generació i anticoncepció d’emergència finançats per la sanitat pública i, a més, han aprovat el Reial Decret que ha deixat sense targeta sanitària a milers de persones. Mesures, totes elles, que afecten directament als col·lectius més vulnerables i, fonamentalment, a les dones. A la vegada, per aconseguir la quadratura del cercle, a les retallades i desaparicions de les mesures preventives com l’educació sexual i l’accés a l’anticoncepció, s’hi afegeix aquest avantprojecte anomenat Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

Aquesta nova legislació situarà l’Estat espanyol entre els països menys respectuosos amb els Drets sexuals i Drets reproductius (DSiDR) de la UE i del món. L’APFCIB vol insistir en què el Govern del Partit Popular està mantenint un posicionament ideològic repressiu que atempta contra l’autonomia reproductiva de les dones; autonomia que constitueix un dels DSiDR, drets reconeguts en diverses Convencions i Conferències de Nacions Unides, que l’Estat Espanyol va subscriure i ratificar, i que obliguen als diferents governs a realitzar actuacions encaminades al compliment d’allò que es va acordar.

Com a professionals expertes de la planificació familiar, recolzem qualsevol mesura encaminada a afavorir la consecució d’un embaràs desitjat i d’una maternitat i paternitat digna, desitjada i enriquidora. Però pensem que les úniques iniciatives que han demostrat la seva validesa i fiabilitat són l’educació sexual, mitjançant mecanismes de col·laboració entre el sistema educatiu i el sanitari, i l’accés als mitjans anticonceptius, així com als serveis específics d’educació i orientació sexual culturalment adaptats a les necessitats de la població. A més, advoquem per una comprensió de la vida que vagi més enllà del moment de la concepció i que reculli, sobretot, la qualitat i dignitat de vida. En aquest sentit, volem evidenciar que cap de les mesures legislatives anunciades impliquen una millora en la qualitat i dignitat de vida ni s’adeqüen a la realitat social actual; tot el contrari, s’obliden de fer aquesta reflexió, amb les conseqüències
que això tindrà per la població més vulnerable. Conseqüències no exemptes de patiment i desemparament, situacions que són impensables dins una societat basada en l’estat de benestar. Aquest tipus d’accions només responen a la voluntat de tutelar els drets i la capacitat de decisió de les dones que no es pròpia d’un govern del segle XXI.

Solament ens resta exigir al Govern de l’Estat que aturi aquestes mesures restrictives i incoherents fonamentades en un criteri ideològic i moralista, sense cap base sanitària o social recolzada per organismes internacionals com l’OMS i l’ONU. Cal que el Govern de l’Estat recordi que vivim en un Estat de Dret i que les dones som subjectes de drets, entre els que s’hi troben els Drets Sexuals i Drets Reproductius.

Apel·lem, també, al Parlament de Catalunya que el 27 de setembre del 2013 va aprovar, una resolució on es comprometia a:
1. iniciar el procés per a l’elaboració i desenvolupament d’una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductius
2. Insta al Govern a:
a. Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, la Llei actual garantint l’aplicació del text legislatiu tant en matèria d’educació sexual, com d’anticoncepció i interrupció de l’embaràs. Dotar dels recursos necessaris a la xarxa pública de salut per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels drets sexuals i reproductius.
b. Blindar les garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.

I, finalment, fem una crida a la mobilització, l’acció i la desobediència civil, política i institucional davant la possible aprovació de la contrareforma de l’avortament. Seguim i seguirem lluitant i obrint espais de llibertat perquè sabem que, sigui quina sigui la llei, si una dona decideix avortar, ho farà. Seguirem treballant per una sexualitat lliure, plaent, no
discriminatòria, no submisa ni heteropatriarcal.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb Sílvia Aldavert 663917170 / 669387151

Las sinrazones de la ley Gallardón

A veces, para poder desmontar el discurso del contrario se hace imprescindible entrar en sus argumentos. Dicen los populares que la “no disminución del número de abortos” y nuestra elevada tasa de interrupciones están entre las principales razones para promover la Ley de Aborto que presentan. Sin embargo, la obstinada realidad les desmiente, ya que el número de abortos ha descendido en 2012 un 5’1% en nuestro país. Por otra parte, nuestra tasa de aborto se sitúa en la media de la Europa Occidental, en torno al 12 por 1000, muy alejada de la tasa de aborto internacional, un 28 por mil. El 70% de esas interrupciones se realizan antes de la semana 8 por voluntad de la mujer y con total garantía sanitaria, por lo que no parece que ni los abortos tardíos ni la seguridad sanitaria y jurídica puedan ser otras de las razones esgrimidas como motores del cambio. Tampoco la tan manida “demanda social”, ya que el 85% de la sociedad civil opina que solo la mujer debe decidir sobre su maternidad.

ACAI considera que la reforma de los populares en contra de lo “pretendido” conseguirá el efecto contrario: el aumento del número de interrupciones, dado que la derogación de la actual regulación supone también la derogación de una normativa relativa a la educación sexual, prevención, anticoncepción… ;políticas que son las únicas que pueden contribuir al descenso en el número de abortos en nuestro país. Por otra parte, al no permitir el aborto en base a la grave enfermedad del feto y contemplar un plazo máximo de 22 semanas para abortar, se aumentarán los abortos preventivos.

Asimismo, y tal y como acreditan los principales organismos internacionales, a nadie debería pasar desapercibido que las leyes restrictivas como la que quiere aprobar el PP no solo no disminuyen el aborto sino que provocan éxodos abortivos e interrupciones clandestinas e inseguras.

Otra de las razones que sostiene el Partido Popular para apuntalar su anteproyecto es la estimación de que el nasciturus no está protegido al mismo nivel que la mujer y que tal circunstancia ha de ser subsanada. Y ciertamente así es, ya que es obvio que constitucionalmente la mujer, que es persona, no está ni puede estar al mismo nivel en derechos que el nasciturus, sino por encima de él, cuando se produce un conflicto. Y así lo avala la sentencia del T.C cuando afirma que “la vida del nasciturus no tiene el mismo rango de protección que el derecho a la vida, a la salud, a la integridad y a la privacidad de la mujer”

Dicen también los populares que es “necesario dar eficacia al asesoramiento, a la asistencia y a la información clínica proporcionada a la mujer embarazada”. Es decir, se afirma que se incumple la actual norma que obliga precisamente a dar ese asesoramiento a la mujer para que esta tome una decisión libre e informada. En este sentido, desde ACAI hemos requerido al promotor del anteproyecto que aclare sobre qué extremos se estima que no se informa a la mujer en la actualidad. En definitiva, qué vulneraciones de la norma, a su juicio, se están produciendo. Ante la ausencia de respuestas, nos tememos que lo que el PP busca en realidad es abrir la puerta a que el asesoramiento de la gestante se convierta en un desfile de personas, relacionadas o no con la mujer, ante las que esta tenga que exponer su intimidad. De hecho, el término “aceptación tácita” incluido en el texto en relación al asesoramiento, nos parece a los profesionales una invitación descarada a que puedan adentrarse en la intimidad de la mujer personas cuyo objetivo único sea combatir el aborto.

Dice también el Ministro de Justicia que con su anteproyecto buscan hacer partícipes a los progenitores, tutores o curadores en la toma de decisión de las menores o personas que necesitan de complemento para decidir sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En este sentido, tenemos que afirmar que tres de cada cuatro mujeres de 16 y 17 años acuden acompañadas de uno de sus progenitores. La cuarta, la que acude sola, o está emancipada de hecho, casada, ya es madre…o no puede contar con ninguno de sus tutores porque por razones ideológicas, morales o religiosas, o por su propia seguridad física no puede hacer partícipe a sus padres de la situación.

En esta línea de pensamiento, el Gobierno pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para crear un nuevo procedimiento urgente que, en caso de conflicto, complete la falta de capacidad de las menores. Este proceso “ad hoc” prevé un periodo de 15 días para tramitar todo el proceso. Creer que durante ese tiempo se tramitará un procedimiento judicial que agote la primera y segunda estancia y se celebrará una vista previa solicitud con el emplazamiento anterior de todos los interesados, es desconocer absolutamente la situación de los Juzgados y Tribunales españoles. Es configurar en definitiva un procedimiento innecesario, de imposible cumplimiento y de tal amplitud de interesados que casi se convierte en una broma la calificación del proceso de “actuaciones reservadas”

Dice el Partido Popular que quiere defender la libertad y la intimidad de la mujer. En este sentido quisiéramos señalar que para cualquier mujer abortar en nuestro país se convertirá en una carrera de obstáculos médicos, administrativos y jurídicos tendentes a limitar de forma clara las posibilidades de abortar, incluso en aquellos casos puntuales no penalizados por la norma. Un periplo médico y vital completamente tutelado y “público” que puede llegar a situar a la mujer en semanas de gestación que impidan en sí mismas el aborto por límite temporal. En definitiva, con esta carrera de obstáculos, el Estado español contravendrá la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “que recomienda a los países no estructurar su marco jurídico de tal forma que se limiten las posibilidades legales de obtener un aborto”.

La propuesta normativa no cuenta con el largo recorrido que le impone a la mujer que pretenda abortar en forma legal; ese recorrido impide la salvaguarda de la intimidad de la mujer y la protección eficaz que la norma pretende  toda vez que los documentos que se generen (certificado de asesoramiento e información; los certificados de los especialistas, etc…) deben de ir de un sitio para otro y en cada lugar nuevo al que llegue la mujer, necesariamente deberá identificarse y demostrar que los documentos que le permiten justificar haber superado cada fase le corresponden a ella y no a otra mujer.

Esta norma que nos quieren imponer en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, este proyecto de ley contrario a la Resolución 1607 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que recomienda a los Estados apostar por despenalizar el aborto en los plazos de gestación razonables; este anteproyecto que es la única promesa de su programa electoral que han cumplido nos aleja de Europa, invisibiliza a nuestras mujeres y devuelve a la más absoluta inseguridad jurídica a los profesionales. Y esos sí son argumentos reales y de peso que invalidan la tendenciosidad moral con la que se pretende justificar esta reforma.